Este artículo está disponible en español, catalán e inglés.
Este artículo ofrece un resumen general de las leyes y normativas regionales que pueden afectar a los anfitriones en Cataluña. Además de estas leyes, los municipios pueden haber aprobado normativas o restricciones urbanísticas que afecten a tu actividad. Debes asegurarte de respetar la legislación y las normativas que se apliquen a tus circunstancias específicas y a tu zona.
Este artículo no es exhaustivo y no puede considerarse asesoramiento jurídico o fiscal, de modo que te recomendamos que investigues por tu cuenta sobre estas cuestiones. Además, como no lo actualizamos en tiempo real, tendrás que comprobar todas las fuentes y asegurarte de que la información proporcionada no haya cambiado recientemente. Te recomendamos que consultes a un asesor jurídico o fiscal para tu caso específico.
La Generalitat de Cataluña cuenta con normativas específicas para las viviendas de uso turístico. Según el Decreto autonómico que regula esta cuestión, se consideran «viviendas de uso turístico» aquellas que se ceden a terceras personas, de manera directa o indirecta, a cambio de contraprestación económica, para una estancia temporal y en condiciones de inmediata disponibilidad.
Las viviendas de uso turístico deben ofrecerse en su totalidad (como un alojamiento entero).
Todos los alojamientos turísticos que se alquilen con fines turísticos durante un máximo de treinta y un (31) días deben cumplir las obligaciones y los requisitos previstos en la normativa mencionada anteriormente. De lo contrario, se incluirán en una categoría diferente, por ejemplo, «alquiler de temporada».
Además, la normativa catalana prevé los «hogares compartidos» (llars compartides), entendidos como alojamientos turísticos, tal y como se han definido anteriormente, que constituyen la residencia principal y real del anfitrión (que tiene obligación de vivir en la propiedad mientras se alquila).
Para alquilar un hogar compartido, es posible que tengas que cumplir los requisitos regionales y locales o presentar una licencia específica.
En Cataluña, debes inscribir cualquier vivienda que tengas previsto ofrecer como alojamiento turístico, ya sea como alojamiento entero o como hogar compartido, en el Registro de Turismo de Cataluña. Como parte del proceso, primero deberás presentar una declaración responsable ante la Dirección General de Turismo en la que confirmes que cumples las normativas vigentes y cualquier otro requisito previsto a escala autonómica y local.
Una vez que completes el proceso, se asignará un número de registro a tu alojamiento turístico (por ejemplo: HUTB000000).
Para obtener más información sobre los requisitos específicos, las obligaciones o cualquier otro tema relevante que debas tener en cuenta como anfitrión, puedes consultar las preguntas frecuentes de Airbnb o las preguntas frecuentes sobre alojamientos turísticos y hogares compartidos de la Generalitat de Catalunya.
Para ser anfitrión en España, es posible que tengas la obligación de obtener un número de registro nacional en el Registro de la Propiedad e incluirlo en tu anuncio en Airbnb.
En este artículo encontrarás más información sobre tus obligaciones respecto al registro nacional y otros detalles relevantes.
Las autoridades de Cataluña exigen que muestres tu número de registro en cualquier tipo de anuncio de tu alojamiento turístico, incluido el que publiques en Airbnb. En la sección Detalles del anuncio encontrarás un campo en el que puedes incluir tu número de registro.
Para obtener más información sobre cómo te afectan las normativas de Cataluña sobre las viviendas de uso turístico o acerca de las repercusiones que tienen en tu propiedad, puedes ponerte en contacto con la Consejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña.
Tenemos el compromiso de colaborar con las autoridades locales para lograr que estas normativas sean más claras en lo que respecta a la economía colaborativa y para contribuir a que se tengan en cuenta los beneficios que aporta Airbnb a nuestra comunidad. Siempre que sea necesario, seguiremos defendiendo cualquier cambio que permita a los particulares alquilar sus viviendas.